Los bonistas afectados por la
quiebra de la
Corporación Delta Intur desmintieron que se opongan a una
solución de la litis conocida en los tribunales del país y afirmaron que no han
recibido ni una sola oferta concreta y viable para compensar a cientos de
familias que han sido privadas de sus ahorros de toda la vida.
Al responder una declaración de
prensa de Delta Intur en el sentido de que los bonistas y sus abogados
han impedido una salida al “impasse”, el comité que representa a las familias
afectadas y su equipo de abogados sostienen que los responsables del
manejo doloso de la corporación lo que han presentado hasta ahora
son ofertas para hacer negocios dentro del problema, pretendiendo
que acepten a cambio de sus inversiones inmuebles sobrevaluados.
Y agregan que “las garantías de
inmuebles de las que hacen mención y que según ellos “fueron tasados en RD$
1,627 millones ” consisten en una propiedad totalmente baldía, ubicada a la
altura del kilómetro 24 de la Autopista Duarte y otra en el kilómetro 14 de la
carretera Mella, la cual tiene aproximadamente un 20% de desarrollo. Los
bonistas ordenaron dos tasaciones independientes, que arrojan un valor
para ambas propiedades inferior al 60% de los RD$ 700 millones de bonos
en circulación”.
“Más grave aún es el hecho de que
Delta Intur no ha pagado el precio de los terrenos del Estado que “de
manera fraudulenta dejó en garantía para los bonos emitidos”, indica
la declaración suscrita por el vocero del Comité de Bonistas, Erick
Rafael Vásquez; y el coordinador del equipo legal, Luis Miguel Rivas.
Afirman que en ningún momento ni
los bonistas ni sus abogados han “espantado a inversionistas”, como ha
sostenido Delta Intur. “Si alguien ha incurrido en prácticas de
espanto es la empresa que ofreció falsas garantías y desapareció más de 800
millones de pesos depositados a través de bonos y papeles
comerciales”, señala el Comité de Bonistas.
Recuerdan además que desde
junio del 2012, la
Corporación ha dejado de pagar a los bonistas unos 7 millones
de pesos de interés mensuales, que a la fecha representarían más de 100
millones pesos, más una cantidad muy importante pendiente de precisar que
debieron pagar a los tenedores de papeles comerciales.
Destacan que “los bonistas de
Delta Intur son en su mayoría personas envejecientes que invirtieron sus
ahorros productos del empeño y del trabajo de toda una vida de sacrificios.
Creyeron ver la oportunidad de invertir como una forma de seguridad social que,
a su vez, tendría retornos positivos; confiados en el sistema de valores del
país regulado y fiscalizado por el estado dominicano.
Dicen retrasan proceso con tácticas dilatorias
La querella penal contra
los responsables de Delta Intur por falsificación en escritura
pública, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y de violación del
Código monetario y de la Ley
de Mercados de Valores, fue incoada en noviembre del 2012 a través
de la Fiscalía
del Distrito Nacional, que a la vez de acogerla solicitó medidas de
coerción contra los ejecutivos de la Corporación y de otras empresas vinculadas.
El Comité de los Bonistas y el
equipo legal indican que desde entonces se han realizado cuatro
audiencias para conocer las medidas de coerción que han sido
reenviadas por tecnicismos empleados por los imputados para darle larga al
proceso.
Al resaltar la gravedad de la
presunta acción delictuosa, afirman que los bonos de Delta Intur fueron
colocados en el mercado de valores con la garantía de unos terrenos ilícitos
hurtados al Estado, ya que fueron adquiridos de manera fraudulenta en
perjuicio de una donación hecha por Consejo Estatal del Azúcar al
Instituto Nacional de la
Vivienda para la construcción de 5 mil viviendas
económicas.
Y apunta que además
de tener un origen ilícito y estar sobrevaluados de manera desmedida, la
“venta” de los terrenos utilizados como garantías por Delta Intur no fue
autorizada o refrendada por el Senado de la República , de acuerdo a una
certificación emitida el 11 de julio del 2013.
